Desde hace ya un año el Gobierno del PP en España ha venido
anunciando su intención de modificar las bases jurídicas que regulan el
funcionamiento de las Entidades Locales. Finalmente, el Gobierno inició
el pasado 15 de Febrero la tramitación del denominado Anteproyecto de
Ley de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, lo que se ha conocido, en términos generales y de conocimiento
como la “Ley de Reforma de la Administración Local”.
Desde el
municipalismo se ha venido reclamando desde hace tiempo una reforma de
las Leyes y de la financiación local que permitiera a las Entidades
Locales ejercer sus responsabilidades con competencias bien definidas y
financiación suficiente. Sin embargo, lejos de atender las demandas
históricas de Alcaldes y Alcaldesas y de Federaciones y Asociaciones de
Municipios, la propuesta de reforma supone deslocalizar y alejar de sus
destinatarios, los vecinos y vecinas, las competencias propias de los
Ayuntamientos y prevén el traspaso de competencias y recursos
financieros, es decir de recursos económicos a las Comunidades Autónomas
y en los casos de las competencias denominadas competencias “impropias”
lejos de asegurar la prestación de los servicios, serán suprimidas al
no ser prestadas por ninguna otra Administración. Por otra parte
aquellos servicios que pasen a la Diputación Provincial podrán ser
privatizados con el consiguiente aumento de tasas y precios, que pagaran
los ciudadanos.
Todos somos conscientes de la necesidad de
aplicar el rigor, la austeridad y la eficiencia en la administración de
los recursos, pero en ningún caso, estos argumentos se pueden utilizar
como coartada para suprimirlos o encarecer servicios públicos .En lugar
de asegurar los servicios mínimos que deben prestar los ayuntamientos se
hace que peligren seriamente.
Con ello, peligran también más de 200.000
empleos públicos, cuya labor y funciones podrían llegar a ser
privatizados y asumidos por empresas privadas o simplemente ser
desmantelados y acabar desapareciendo. Nada de esto está aún claro, ni
en su contenido, procedimiento o alcance. Cuando el Gobierno redacta
esta propuesta lo hace desde un profundo desconocimiento del papel real
que desempeña la estructura municipal en la vertebración de Estado.
Parece ignorar que los servicios públicos, no se pueden valorar
exclusivamente por criterios económicos sino también deben evaluarse,
con carácter prioritario, por el beneficio social que comportan a sus
usuarios, los ciudadanos.
A todo lo mencionado hasta aquí hay que
añadir la incertidumbre e inseguridad jurídica que se crea en Euskadi,
por su régimen especial establecido en la Constitución Española,
concretamente en su D.A. Primera, y con lo dispuesto en los artículos 3,
24.2 y 37 del Estatuto Vasco de Autonomía, que establece que “los
Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa organizarán
libremente sus propias Instituciones y dictarán las normas necesarias
para su funcionamiento, sin que les sean de aplicación las contenidas en
la presente Ley en materia de organización provincial”. A ello debemos
sumar la peculiaridad del Régimen Foral, que supone que las Diputaciones
Forales no son Entidades Locales, y no deben, ni pueden ser asimiladas,
legalmente, a las Diputaciones Provinciales del resto de España, ni
asumir en consecuencia las atribuciones que esta Reforma Local pretende
traspasarle.
Defendemos, por lo tanto, ya no solo la Autonomía Municipal, el municipalismo y toda la gran
labor que, desde la cercanía, ha venido realizando en estos las
instituciones más próximas a la ciudadanía, más implicadas en sus
necesidades, sus problemas y sus reivindicaciones; también reivindicamos
el Autogobierno Vasco, y la capacidad que la propia Constitución
Española y el Estatuto de Autonomía nos han dado de poder organizar
nuestras Instituciones y nuestra organización Provincial. En ese
sentido, entendemos que es esencial la labor de EUDEL, que debe analizar
esta situación, las repercusiones posibles de la Ley propuesta y su
impacto en Euskadi.
Por todo ello, entendemos necesario que este
Ayuntamiento se posicione frente a la reforma emprendida por el Gobierno
de España y reclame también, además de lo dicho hasta aquí que, en
virtud de sus competencias, el Gobierno Vasco remita al Parlamento Vasco
un Proyecto de Ley Municipal de Euskadi que concrete, sin más dilación,
las competencias municipales y garantice la financiación suficiente
para asumirlas.
En definitiva, la autonomía local está
garantizada por nuestra Constitución y por la Carta Europea como uno de
los principios que fundamentan la democracia, la cohesión y la
vertebración social y territorial de un Estado descentralizado. Entre
todos hemos intentado diseñar un modelo local capaz de dar más y mejores
servicios a los ciudadanos, hemos conformado Gobiernos Locales que son
ejemplos de participación, de integración y convivencia.
Por los motivos expuestos, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente MOCIÓN
1.-
El Pleno del Ayuntamiento de Ortuella desea reafirmar la Autonomía
Local y la trascendencia del papel de los Ayuntamientos en la igualdad
de oportunidades, la democracia y la cohesión social; elementos que han
permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y
básicos, descentralizados y de proximidad para la ciudadanía.
2.-
El Pleno del Ayuntamiento de Ortuella insta al Gobierno de España a
retirar el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local y le insta a abrir un proceso de negociación
con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, así y
como la FEMP, EUDEL y todas aquellas Federaciones y Asociaciones de
Municipios existentes, que permita abordar la reforma de las leyes que
regulan el mundo local garantizando la autonomía local y los derechos
sociales de los ciudadanos.
3.- El Pleno del Ayuntamiento de
Ortuella insta al Gobierno Vasco a que, en uso de sus competencias,
incluya dentro de su Calendario Legislativo la remisión al Parlamento
Vasco, antes de que finalice el presente periodo de sesiones, de un
Proyecto de Ley Municipal de Euskadi que concrete las competencias
municipales y garantice la financiación suficiente para asumirlas, así
como los derechos sociales de los ciudadanos.
4.- Dar traslado de
este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno Vasco, al Consejo de
Estado, al Congreso de los Diputados, al Senado, así como a la Junta de
Gobierno de la FEMP y a la Comisión Ejecutiva de EUDEL.
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